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El juez Villegas




El juez Jesús Villegas, decano de los Juzgados de Guadalajara, ha presentado hoy una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), contra el Ministerio de Justicia, porque la tarjeta profesional con la que firma –y con él todos los jueces españoles- los documentos electrónicos permite a abogados, procuradores, fiscales acusados e imputados conocer su DNI y su correo electrónico profesional. Villegas, que actúa en representación de la Junta de Jueces de Guadalajara, quienes el 20 de junio pasado tomaron esta decisión, solicita que se sancione al Ministerio por ello y que se suprima la difusión, tanto de su DNI como de su correo electrónico, que se hace con su firma electrónica. “Las resoluciones judiciales que firmamos con la tarjeta profesional que incorpora nuestro DNI son abiertas con el programa ‘Adobe Reader’, al pinchar en el cuadro de la izquierda donde aparece una firma y un bolígrafo, y ponen el cursor sobre donde pone ‘Firmado por’: aparece nuestro nombre completo, DNI y correo electrónico”, dice la denuncia.

“Esta circunstancia es innecesaria, jamás hasta la fecha se ha hecho constar el DNI del Juez en las resoluciones judiciales, quedando este plenamente identificado con su nombre completo y el órgano en el que desempeña su cargo; y no aparece en la firma de otros empleados públicos dependientes de otros órganos administrativos, incluso de otros órganos estatales como la Agencia Tributaria”, añade el juez Villegas.

Desde su punto de vista, el sistema de firma electrónica implantado por la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), que depende del Ministerio de Justicia, “constituye una vulneración del artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (deber de secreto), tipificado como infracción grave en el artículo 44.3.d) y sancionado con multa de 40.001 a 300.000 euros (artículo 45.2 LOPD)”.

Según el magistrado Villegas, no hay ninguna norma jurídica que regule la firma de los jueces españoles ni tampoco la validez de las resoluciones judiciales que dictan que exija su deber de facilitar a los ciudadanos su número de DNI.

Villegas cita cuatro precedentes. Un informe y una resolución de la AEPD y dos sentencias de la Audiencia Nacional.

PUNTO DE CONFLICTO

La inclusión del DNI de los jueces en los documentos electrónicos que firman provocó, el pasado mes de mayo, un gran revuelo en la carrera judicial que tuvo, precisamente, su epicentro en Guadalajara.

Allí, la Junta de Jueces adoptó un acuerdo el que advirtieron del grave riesgo que entrañaba para la privacidad y seguridad personal de jueces y magistrados que el número del DNI apareciera públicamente en las resoluciones judiciales que firman electrónicamente a través del sistema de expediente digital y solicitaron amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se corrigieran dichas “disfunciones”.

Las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-, por su parte, mostraron su preocupación por este asunto en un escrito dirigido al CGPJ en el que llamaron la atención sobre ello:  que los destinatarios de las resoluciones judiciales podían conocer el DNI de los jueces.

La Comisión Permanente del CGPJ, reunida de forma extraordinaria, se dirigió después al Ministerio para que adoptara las soluciones técnicas necesarias para impedir que eso ocurriera.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha adoptó el seis de junio de 2016 un acuerdo que proponía fórmulas de firma alternativa (consistentes en el escaneado de las resoluciones previamente firmadas en papel) a fin de preservar la seguridad e intimidad de los jueces de su territorio.

Sin embargo, el pleno del Consejo General del Poder Judicial anuló dicho acuerdo en sesión de 27 de junio de 2016.

La presentación de la denuncia del magistrado Jesús Villegas ante la AEPD abre un escenario inesperado para la resolución de este asunto. Y más teniendo en cuenta que la nueva directora general de la AEPD, Mar España, fue nombrada para tal puesto por el Consejo de Ministros, a propuesta del actual titular –en funciones- de la cartera de Justicia, Rafael Catalá.

Las razones por las que Villegas hace esta denuncia es porque han pasado más de dos meses desde que hicieron pública esta disfunción y no se ha hecho nada.









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